Good bye P2P?

Tan sólo un mes después del rechazo de la 'Ley Sinde' en la comisión de Economía del Congreso, PSOE y PP, apoyados por CiU, han aprobado una enmienda de la ley que supone su recuperación. Gracias a esta enmienda, se ha aprobado la creación de un órgano administrativo con competencias para identificar y sancionar actividades lesivas para los derechos de autor, al mismo tiempo que se ofrecen más garantías judiciales sobre el proceso.

Es decir...
En realidad, la Ley de Economía Sostenible, conocida popularmente como 'Ley Sinde', no es una ley. Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual. Esta comisión será la encargada de tramitar las denuncias sobre el particular ante los tribunales y estará formada por tres miembros del Ministerio de Cultura y un presidente nombrado conjuntamente por los ministerios de Cultura y Economía y Hacienda. Vamos, que todo queda en casa...

Una subjetiva 'caza de enlaces'
Uno de los párrafos de la enmienda aprobada atribuye a la comisión, previa autorización judicial, el cierre o retirada de los contenidos de una web "siempre que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Esto quiere decir que los miembros de la comisión utilizarán sus propios criterios para decidir qué páginas web tienen enlaces cuyo contenido vulnera la propiedad intelectual.

Internautas y usuarios
Asociaciones de internautas como la AI o la AUI ya han manifestado su total desacuerdo a la enmienda pactada por PSOE, PP y CIU. Además, señalan que la Comisión de Propiedad Intelectual será una "comisión de censura a Internet". Pero no sólo estas asociaciones, también los usuarios de la Red han manifestado abiertamente su total desacuerdo ante la posible aprobación de la 'Ley Sinde'.


Es obvio que la entrada de las nuevas tecnologías ha cambiado los hábitos de consumo. Compartir cultura en la Red se ha convertido en un hecho más que cotidiano. Se ha de proteger la creación de contenidos, pero sin duda esta ley no es la solución. ¿Os imagináis que el Ministerio de Cultura creara una ley sobre la pronunciación del castellano y decidiera quién lo pronuncia correctamente y quién no?